La Universidad de Chicago Law School presentó el 9 de julio de 2026 una estrategia para adaptar la enseñanza jurídica a la inteligencia artificial, con cambios que alcanzan al primer año, la escritura académica, las clínicas y las materias optativas, con una premisa: formar abogados capaces de pensar sin depender de esas herramientas y, al mismo tiempo, preparados para usarlas en la práctica profesional.
El cambio más concreto entrará en vigor en el ciclo 2026–2027. En todas las materias troncales del primer año, la facultad pondrá a prueba un esquema coordinado que prohibirá en clase el uso de computadoras portátiles, tabletas y teléfonos, con excepciones acotadas, y fijará exámenes presenciales sin acceso a internet, archivos electrónicos ni aplicaciones.
Según la declaración institucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, la revisión comenzó poco después de que OpenAI lanzara públicamente ChatGPT a fines de 2022. La escuela creó un comité de inteligencia artificial a comienzos de 2023 y, desde entonces, incorporó un módulo sobre IA en investigación y redacción jurídica del primer año, sumó cursos avanzados sobre IA y derecho, creó un Laboratorio de Inteligencia Artificial y negoció licencias con empresas del sector para dar acceso a herramientas usadas por abogados en ejercicio.
El documento sostiene que las consultas realizadas durante el último año arrojaron una conclusión estable: los estudiantes deben aprender a pensar de manera crítica, estratégica e independiente sin apoyarse en la IA, pero también deben egresar listos para trabajar con instrumentos que ya están disponibles y que serán exigidos en el mercado jurídico.
La hoja de ruta se apoya en tres pilares. El primero es desarrollar una pedagogía y sistemas de evaluación resistentes a la inteligencia artificial; el segundo, reforzar capacidades esencialmente humanas de la abogacía; el tercero, enseñar un uso responsable, eficaz y ético de estas tecnologías.
La facultad descarta dos respuestas extremas: prohibir por completo la IA o ignorar sus efectos sobre el aprendizaje. Su propuesta es rediseñar las aulas, las tareas y los mecanismos de evaluación para evitar que los estudiantes usen atajos que produzcan respuestas rápidas a costa de su formación intelectual.
La escuela define una pedagogía resistente a la IA como aquella que premia el esfuerzo sostenido y desalienta delegar el trabajo en sistemas automáticos. Aun así, no plantea vetar todo uso estudiantil: admite aplicaciones que incrementen la participación, como pedir aclaraciones de contexto durante la lectura previa o generar ejercicios de práctica para estudiar.
La declaración también afirma que, aunque la IA puede transformar la profesión, varias tareas seguirán bajo predominio humano porque clientes, jueces, empleadores y la sociedad querrán que las realicen personas. Entre ellas menciona la litigación oral, el juicio estratégico, el pensamiento crítico y la construcción de relaciones con clientes y otros actores.
La reforma más estricta recaerá sobre las materias obligatorias del primer año: Derecho Procesal Civil, Responsabilidad Civil, Elementos del Derecho, Contratos, Derechos Reales, Derecho Penal, Derecho Constitucional, Interpretación Legislativa y Práctica Jurídica Transaccional. La justificación es que ese tramo forma las bases del pensamiento crítico, la escritura jurídica y el juicio estratégico, en un momento en el que los estudiantes todavía tienen menor capacidad para evaluar la calidad de lo que produce la IA.
La política prevé algunas salvedades. Los profesores podrán designar estudiantes para tomar apuntes con dispositivos electrónicos para toda la clase, autorizar herramientas tecnológicas en actividades puntuales como encuestas interactivas y garantizar adaptaciones para personas con discapacidad conforme a la legislación aplicable y a las características del programa.
La escuela vincula esta decisión con su tradición de método socrático y con un consenso académico que, según el texto, asocia la participación activa y presencial con mejores resultados de aprendizaje. También sostiene que la dependencia de dispositivos para tomar notas o responder preguntas tiende a inhibir la reflexión y el razonamiento.
Para investigación y redacción jurídica del primer año, la facultad adoptará una lógica distinta. Allí, durante el mismo período 2026–2027, probará una estructura en la que la escritura sin IA funcionará como base, mientras que la IA se usará para investigar, revisar, desarrollar borradores sucesivos y preparar argumentaciones orales.
El objetivo es que al terminar el primer año los estudiantes no solo puedan utilizar estas herramientas, sino también revisar, evaluar y mejorar sus resultados. Para eso, el programa prevé trabajo práctico en clase y revisión conjunta, entre alumnos y profesores, tanto de los textos producidos como del modo en que se empleó la tecnología.
La escritura avanzada sumará una defensa oral
En los cursos superiores, la facultad concluye que las formas clásicas de escritura académica quedaron bajo presión porque la IA puede generar trabajos extensos y plausibles sin el esfuerzo humano que esas tareas buscan desarrollar. La respuesta no será trasladar toda la escritura a entornos supervisados, porque la escuela considera formativo el trabajo independiente durante horas, días y semanas.
Por eso, modificará el requisito del SRP, el trabajo sustancial de investigación exigido para obtener el título de Juris Doctor, a partir de la cohorte que este año comienza segundo año. El nuevo componente obligará a todos los estudiantes a mantener una discusión oral presencial sobre su trabajo con el profesor supervisor, después de presentar un borrador completo o la versión final.
Esa instancia podrá ser individual o adoptar el formato de presentación ante la clase, al estilo de un taller académico. El intercambio deberá poner a prueba el razonamiento del estudiante y las consecuencias de sus argumentos, en un entorno en el que no pueda apoyarse en la tecnología.
La escuela atribuye a este cambio un doble propósito. Por un lado, hacer el SRP más resistente a la IA sin renunciar al trabajo autónomo; por otro, desarrollar capacidades que considera valiosas por sí mismas para la práctica jurídica y la vida académica, como explicar y defender ideas en tiempo real ante jueces, clientes, colegas o en negociaciones.
En paralelo, alentará a los docentes a experimentar con otras fórmulas para estructurar tareas de escritura: talleres presenciales, redacción supervisada de ensayos o de partes de trabajos extensos, presentaciones grupales, paneles de discusión, conducción de segmentos de clase por parte de los estudiantes y conversaciones individuales con el profesor sobre el trabajo de investigación.
Las clínicas tendrán reglas y herramientas propias
La educación clínica ocupa un lugar todavía más importante en esta estrategia. El documento sostiene que, en la era de la IA, las necesidades y expectativas de los clientes presionarán para que los graduados sepan usar estas herramientas de forma responsable, eficaz y ética desde el inicio de su carrera.
La facultad ya está obteniendo acceso a instrumentos de IA para sus clínicas, incluidas herramientas jurídicas de propósito general y otras diseñadas para operaciones, inmigración y producción de prueba en litigios. También informó que está en proceso de adquirir nuevos recursos.
Cada clínica desarrollará sus propias políticas según su área de práctica. El objetivo es definir usos apropiados y prevenir errores generados por la IA en presentaciones judiciales y otros productos profesionales, mientras se garantiza que todos los estudiantes trabajen con y sin estas herramientas, con clientes reales y en contextos reales.
La declaración agrega tres criterios generales para el conjunto del plan. El primero es la transparencia: cada docente deberá explicar de manera expresa en el programa y en clase cuál es su política sobre inteligencia artificial.
El segundo es la actualización permanente sobre nuevas herramientas y mejores prácticas. El texto señala que la facultad ya trabajó con exalumnos y empleadores para entender cómo la práctica jurídica incorpora IA, estableció alianzas con empresas tecnológicas y sostiene conversaciones periódicas entre profesores para compartir información.
El tercero es la revisión continua de todas las políticas. La Universidad de Chicago advierte que ninguna estrategia sobre IA puede ser definitiva porque la tecnología cambia con rapidez y, por esa razón, todas las medidas quedarán sujetas a reconsideración y ajuste a medida que evolucionen tanto las herramientas como la práctica jurídica.
