En enero de 2018 se estableció la primera Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional. La elaboró un Consejo Asesor creado dos años antes, con ministros, rectores, empresarios y trabajadores en una misma mesa. Su horizonte era 2030 y su apuesta, dejar de mirar la educación técnica como un remedio para quien no llega a la universidad y empezar a mirarla como una palanca del desarrollo del país.
Partía de un diagnóstico que sigue vigente: Chile tenía un mundo técnico grande y desarticulado: liceos, centros de formación, institutos, capacitación laboral y certificación de competencias conviviendo sin hablarse, cada uno bajo un ministerio distinto. La estrategia propuso ordenarlo como sistema. Planteó tres cosas centrales: un Marco de Cualificaciones que hiciera comparables los aprendizajes de la sala de clases, el taller y la fábrica; el reconocimiento de la experiencia previa para entrar a la educación superior técnica; y una Agencia de Formación Técnico Profesional, con directorio público-privado, encargada de coordinar el conjunto.
A ello sumaba una revisión de fondo de la enseñanza media técnica, con nuevo currículum y apoyo especializado a los liceos, un sistema de orientación vocacional basado en información real del mercado laboral y, sobre todo, un rol activo de la industria en la formación.
Lo más interesante es el porqué. La estrategia leía la transformación tecnológica, el envejecimiento de la fuerza laboral y la demanda de sectores como minería, energía, tecnología, salud y servicios como un problema de capacidades humanas, no solo de inversión. Y sostenía que ningún país se moderniza con ingenieros y sin técnicos. En esa lectura, la educación técnica no era un subsistema social, sino infraestructura productiva.
Ese mismo año la ley 21.091 consagró el Consejo y la obligación de actualizar la estrategia cada cinco años. La versión de 2020 ordenó el trabajo en tres ejes —trayectorias de las personas, el trabajo como espacio de aprendizaje y las capacidades del sistema.
Pero la pieza clave sigue faltando. La Agencia nunca se creó, y el propio diagnóstico oficial reconoce hoy lo que la estrategia advirtió en 2018: un sistema fragmentado, y con poca visibilidad política. Ocho años después, Chile tiene una buena hoja de ruta. Lo que no ha tenido es un Estado con voluntad de priorizarla.