Recientemente, la División de Estudios de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica publicó un estudio sobre la educación superior en Chile. Se trata de un documento relevante, que pone sobre la mesa una serie de temas que merecen análisis y reflexión, especialmente por parte de quienes tenemos la responsabilidad de generar una educación superior funcional al desarrollo del país.
Desde la perspectiva de las instituciones de educación superior del Estado, resulta llamativo abordar la educación como un bien de mercado y las carreras como productos cuya única finalidad sería generar ingresos en base a determinadas expectativas.
Aunque este enfoque puede parecer racional desde la economía, resulta insuficiente frente a una concepción más amplia de la educación, que considera retornos que van más allá de los percibidos por quien se forma. Entre ellos destacan el impacto en la cohesión social, la generación de condiciones estructurales para el emprendimiento y la innovación, y el efecto protector frente al desempleo.
Compartimos, en general, el diagnóstico sobre la complejidad de la toma de decisiones al momento de elegir una carrera o institución. Sin embargo, sería necesario profundizar en las causas reales para proponer medidas más ajustadas. El estudio parte de varios supuestos, como que la oferta formativa está desplegada en todos los rincones del país y que todos los estudiantes pueden elegir libremente la carrera que prefieren. En la práctica, basta con salir de Santiago o de las capitales regionales para comprobar que esto no siempre ocurre.
Si bien coincidimos en la existencia de una evidente asimetría de información en el sistema, es necesario profundizar en las características de los beneficiarios o futuros estudiantes para proponer soluciones efectivas. El portal MiFuturo.cl existe desde 2011 y, aunque cuenta con abundante información disponible, tal como señala el propio estudio, muchas de las consultas son breves y, al parecer, poco efectivas para la toma de decisiones. Cabe preguntarse: ¿qué piensan los aspirantes a la educación superior sobre la información que se les entrega? ¿Por qué, incluso al conocer indicadores de baja empleabilidad o rentas esperadas, deciden igualmente matricularse en esas carreras?
La psicología educativa ha analizado en profundidad las motivaciones que influyen en la elección de carrera, predominando los aspectos personales, sociales y académicos. En este sentido, Romero (2025) plantea que el factor académico debería ser el más relevante al momento de decidir.
Sin embargo, para comprender el fenómeno, es necesario ir “aguas arriba” y analizar cómo la experiencia de los jóvenes en el sistema educativo básico y medio puede haber afectado su autoconcepto, o cómo los referentes educativos del sistema podrían haber influido en elecciones de “baja exigencia” por miedo al fracaso.
En cuanto al impacto de la regulación en la libre competencia, y particularmente sobre la asimetría que enfrentan las instituciones estatales, compartimos plenamente que las regulaciones adicionales derivadas de su condición de servicios públicos generan impactos relevantes en su gestión y gobernanza. No obstante, el informe no profundiza lo suficiente en por qué los CFT Estatales podrían enfrentar menos dificultades que las universidades estatales frente a estas regulaciones. Consideramos que este punto merece un análisis más detallado y nos ponemos a disposición para contribuir en dicha reflexión.
Coincidimos plenamente en la necesidad de fortalecer el sistema de educación superior y de mejorar la toma de decisiones de jóvenes y adultos que acceden a carreras técnicas y profesionales. No cabe duda de que las instituciones educativas -especialmente las del Estado- están comprometidas con fortalecer los procesos de admisión y la difusión de su oferta formativa.
Valoramos el aporte de la Fiscalía nacional Económica con este informe, pero creemos que su mirada debe ponderarse adecuadamente. Es necesario comprender sus aportes desde una perspectiva económica que, si bien es válida, requiere complementarse con otras miradas, especialmente aquellas que abordan el fenómeno desde una perspectiva psicosocial. Solo así podremos entender al ser humano de manera más compleja y promover, desde el Estado, su desarrollo integral, reconociendo que las comunidades son el espacio donde las personas alcanzan su máximo potencial.
