La Ley N°21.801 modifica el decreto con fuerza de ley N°2 del año 2009, conocida como Ley General de Educación, con el objeto de prohibir y regular el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en establecimientos educacionales.
Para ello, incorpora la educación digital como principio del sistema educativo, promoviendo el uso responsable y seguro de tecnologías digitales.
Asimismo, refuerza los derechos y deberes de estudiantes y apoderados, fomentando la interacción social, los juegos, y el encuentro comunitario, especialmente durante los recreos con el propósito de desincentivar el uso excesivo de dispositivos móviles, y estableciendo la responsabilidad de las familias respecto del uso de dispositivos fuera del horario escolar.
En su contenido principal, prohíbe el uso de dispositivos móviles en los establecimientos educacionales, contemplando excepciones específicas, tales como: necesidades educativas especiales que requieran el uso de estos dispositivos como apoyo al aprendizaje; situaciones de emergencia, desastre o catástrofe; condiciones de salud que demanden monitoreo; actividades curriculares o extracurriculares debidamente autorizadas; y solicitudes fundadas y temporales de padres, madres o apoderados por razones de seguridad personal o familiar del estudiante. La autorización de estas excepciones corresponderá, en los casos que la ley señala, al director del establecimiento.
La regulación de la prohibición y de sus excepciones se establece como una obligación para los establecimientos educacionales, quienes deberán incorporarlas en sus reglamentos internos, conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Educación, definiendo mecanismos, condiciones y consecuencias aplicables.
En el nivel de educación media, se permite que dichos reglamentos autoricen espacios, horarios o actividades específicas para el uso de dispositivos móviles, atendiendo a la autonomía progresiva de los estudiantes.
Finalmente, dispone que el Estado desarrollará acciones informativas y campañas de difusión, destinadas a promover el uso responsable y gradual de los dispositivos móviles, prevenir riesgos asociados a su uso inadecuado y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Esta prohibición entrará en vigencia al inicio del año escolar 2026, otorgándose un plazo para la adecuación de los reglamentos internos, y se contempla una evaluación de la implementación y efectos de la medida en el año 2030.
