En los últimos años, la educación chilena ha enfrentado un problema silencioso, pero profundamente estructural: la sostenida caída en la matrícula de las carreras de pedagogía. Según datos del Centro de Estudios Mineduc, entre 2018 y 2022, el número de estudiantes de primer año en estos programas disminuyó más de un 43 %. Si esta tendencia continúa, al año 2030 podríamos enfrentar un déficit superior a los 33.000 docentes. No se trata solo de números: detrás de esta cifra está el riesgo de dejar a miles de estudiantes sin acceso a una educación de calidad, especialmente en sectores más vulnerables y en disciplinas críticas.
El proyecto que modifica la Ley N° 20.129, que regula nuevas exigencias para la admisión en las carreras de pedagogía, fue ingresado por el Ejecutivo en marzo al Congreso – y se encuentra en actual discusión- forma parte del Plan Nacional Docente del Ministerio de Educación. Su objetivo es actualizar los criterios de acceso a la formación inicial docente mediante un mecanismo más técnico, flexible y basado en evidencia. En la práctica, propone que sea el Comité Técnico de Acceso al Subsistema Universitario, con insumos del Ministerio de Educación y la opinión técnica del Consejo Nacional de Educación, quien defina periódicamente los requisitos más pertinentes para ingresar a estas carreras.
Esta iniciativa reconoce una tensión importante: cómo asegurar estándares de calidad sin limitar el ingreso de estudiantes con vocación, especialmente en un contexto donde se necesitan más profesionales en las aulas. El proyecto busca compatibilizar ambos objetivos mediante un sistema de actualización de requisitos que considere datos sobre matrícula, avance curricular y desempeño de los programas. Asimismo, mantiene mecanismos de ingreso especial —como PACE o los programas de atracción de talento— y permite que las instituciones puedan fundamentar el ingreso de estudiantes que no cumplan los requisitos generales, resguardando siempre la calidad de la formación.
Más allá del contenido técnico de la reforma, esta discusión esencial vuelve a poner al profesorado en el centro del debate educativo. En cualquier sociedad, la docencia es un pilar estratégico; la calidad del sistema educativo está íntimamente ligada a la calidad de quienes enseñan. Por lo mismo, mejorar las condiciones de acceso, formación, acompañamiento y desarrollo profesional de los docentes es una de las inversiones más decisivas que puede hacer un país.
En ese sentido, esta reforma puede leerse como parte de un esfuerzo mayor por revalorizar la carrera docente. Ya no basta con exigir altos estándares: también se requiere construir trayectorias atractivas, ofrecer apoyo efectivo desde el inicio y asegurar condiciones laborales que permitan ejercer la profesión con dignidad y proyección.
Desde Fundación Santillana hemos asumido el compromiso de contribuir activamente a la superación de las desigualdades educativas. Este es uno de nuestros principios esenciales, porque estamos convencidos de que la educación es el único camino posible hacia un futuro más justo, democrático y sostenible. Nuestra Fundación trabaja para fomentar el desarrollo intelectual, social y emocional de niños y jóvenes, promoviendo una educación de calidad que empodere a los docentes, apoye a los equipos directivos, convoque a las familias y fortalezca los sistemas escolares en su conjunto. Porque mejorar la educación es una tarea compartida. La educación nos une.
El proyecto actualmente en discusión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados representa una oportunidad para avanzar en esa dirección. Aún quedan muchas preguntas por responder y mecanismos por perfeccionar, pero lo esencial es no perder de vista el propósito: Asegurar que todas y todos los estudiantes de Chile puedan contar con docentes preparados, motivados y valorados. Esa es, sin duda, una de las claves para construir el país que soñamos.
